Caracas|Martes, enero 16, 2018
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Leyes buscan el control comunicacional 

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Hegemonía comunicacional, comunicación para el poder popular, censura o responsabilidad social es lo que persiguen las autoridades, dependiendo de la visión que cada quien tenga.

El Gobierno ha incorporado en los últimos años disposiciones legales para normar el desempeño de los medios de comunicación, y hace un par de semanas se sumó otra propuesta que cambiaría el ejercicio del periodismo.
La Ley de Comunicación Social fue llevada a la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación por Gastón Guisandes, editor del diario Qué Pasa, quien aseguró que la norma busca abarcar a aquellas personas que ejerzan la comunicación social, sin necesidad de ser periodistas.
Por su parte, la periodista Silvia Alegrett, coordinadora general de Expresión Libre, considera que de aprobarse en los términos que está planteada la ley estaría desprofesionalizando el periodismo y contribuyendo con la hegemonía comunicacional del Gobierno. “Al final de cuentas el Gobierno lo que quiere tener es hegemonía comunicacional”, comentó.
Alegrett recordó que hay leyes que en los últimos años se han aplicado contra medios privados, que “implican multas, amenazas, cierre incluso de medios, mientras que el Estado contraviene todas las leyes que se han dictado en los medios públicos”.
Pero la hegemonía comunicacional no es sólo un temor de quienes defienden la libertad de expresión, sino que es un objetivo del Gobierno. El denominado Plan de la Patria, tiene entre sus objetivos para “garantizar la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana en el poder”, “seguir construyendo la hegemonía comunicacional, para que en Venezuela se escuchen todas las voces”.
A pesar de lo que puede sugerir este planteamiento, la actual Ley de Ejercicio del Periodismo ya establece en su artículo 4 que “todos los ciudadanos nacionales o extranjeros pueden expresarse libremente a través de los medios”.
Asomaron Cambios
Los cambios a leyes relacionadas con la comunicación ya habían sido asomados desde finales del año pasado por el diputado Julio Chávez (PSUV- Lara), actual vicepresidente de la Comisión del Poder Popular y Medios, quien dijo que podrían sufrir cambios la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el Código de Ética del Periodista e incluso se refirió a la creación de una Ley Orgánica de la Comunicación.
Adicionalmente, desde la organización Periodistas por la Verdad, se solicitó a la Comisión de Medios de la AN la elaboración de una ley de responsabilidad social de los medios impresos.
Contradicciones de la ley
Al momento de proponer la ley de comunicación, Guisandes aseguró que la norma no se aplicaría a periodistas profesionales, sin embargo, el primer artículo de la propuesta indica que el ejercicio por formación natural, práctica o académica de la comunicación social se regirá por dicha norma.
Igualmente, en la exposición de motivos se sostiene que “luce contrario al mandato de la razón” el requisito de la colegiatura para ejercer legalmente el periodismo. Empero, el artículo 4 crea el Colegio Nacional del Comunicador Social, y adicionalmente en el artículo 2 condiciona el ejercicio de la comunicación social a aquellos que ejerzan tal actividad de manera consuetudinaria pero “previa la debida acreditación de la condición de tal para su inscripción en el Capítulo Estadal (del Colegio)”.
Por otra parte, este Colegio Nacional del Comunicador Social, que se formará por una “comisión promotora y organizadora” de 25 comunicadores, será el encargado de proclamar los “principios morales y fundamentos éticos” propios del ejercicio de la comunicación. De esta forma se estaría dejando de lado el Código de Ética del Periodista vigente, además de la Ley de Ejercicio del Periodismo y el Colegio Nacional de Periodistas.
¿Censura novedosa?
La propuesta de ley de comunicación social coloca como iguales a periodistas profesionales, trabajadores gráficos, creadores de mensajes publicitarios, a aquellos que se comuniquen por Internet, así como a otros que determine el reglamento de la ley. Para el licenciado en filosofía y abogado, Luis Herrera Orellana, esto puede generar una nueva forma de censura.
El también profesor sostiene que cuando se cuestiona el estatuto de los profesionales de la comunicación como expertos al tratar el hecho noticioso, y se pretende que cualquier persona puede hacer lo mismo “eso genera suspicacia porque podríamos estar en presencia de una medida legislativa que por un lado debilite la calidad informativa (…) y por el otro genere una situación de caos, que sean tantas las fuentes que empiecen a surgir que no se pueda distinguir quién es periodista y quién no; para los lectores será sencillamente imposible determinar a qué fuente darle credibilidad y a cuál no”.

“Generar esta cantidad de fuentes, que serían fuentes de confusión, probablemente y en ese sentido si se quiere es una forma novedosa de censura. Ya no sería la vía represiva tradicional de cerrar un medio, de colocar sensores, sino más bien de generar una suerte de caos al aumentar de manera desproporcionada el número de personas dedicadas a esto”, explica Herrera Orellana.
Fuente: El Universal

 

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